Las demoradas obras de modernización del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’ es una deuda ‘en el aire’ que tiene la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con su ciudad natal, la Región Caribe y el país, teniendo en cuenta la importancia de la terminal aérea para el tráfico de pasajeros nacionales e internacionales.

El hecho concreto es que cuando se esperaba que la llegada de la barranquillera al Ministerio el macroproyecto tendría todo el empuje necesario para sacarlo adelante, ha sucedido todo lo contrario.

En la práctica lo que se ha visto es una complacencia del Ministerio y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al igual que del interventor, con el concesionario, Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., que parecería trabajar a su antojo sin ninguna exigencia para acelerar las obras, en medio de las reiteradas quejas de los usuarios sobre graves deficiencias en sus instalaciones.

Se trata de una concesión a cargo de la ANI, cuyo valor estimado es de 610.153 millones 107 mil 609 pesos, “para realizar la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación, modernización y reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del Aeropuerto”.

Las denuncias y quejas por la grave situación que se registra en el ‘Ernesto Cortissoz’ fueron constatadas durante una Actuación Especial de Fiscalización realizada por la Contraloría General de la República (CGR).

En efecto, como resultado de dicha Actuación efectuada sobre los contratos de obras e interventoría, se estableció que la gestión realizada por la ANI presenta deficiencias. 

Esto teniendo en cuenta que se evidenciaron debilidades en: la justificación de la modificación de cronogramas de obras con ocasión del Evento Eximente de Responsabilidad 2 -EER2-, la valoración de antecedentes que derivaron en la suscripción del otrosí 8 al contrato de concesión. 

De acuerdo con la CGR similar situación se presentó en relación con el cálculo de porcentajes de avances considerados para determinar los valores desplazados de actuaciones conforme con la metodología definida en la cláusula séptima del otrosí No. 8. De otra parte, se establecieron deficiencias en algunos procesos constructivos, así como también en la realización de mantenimientos requeridos por deterioro en pisos, muros y cielo rasos, principalmente.

Aplazamiento injustificado

En consecuencia, según la Actuación de la CGR, como resultado de la evaluación realizada y en atención a los hallazgos establecidos, se tienen como conclusiones las siguientes:

- Se evidenciaron debilidades en la reprogramación del plan de obras versión 9 – V9, por el evento eximente de responsabilidad EER No.2 del 17 de abril de 2019, donde las partes acordaron el desplazamiento en 10 meses de la totalidad de actuaciones del primer periodo de intervención, a pesar que el citado evento no afectaba la ejecución de las actuaciones del lado aire, por lo cual se aplazó de manera injustificada la correspondiente terminación de las citadas actuaciones.

Pésima calidad de obras

Así mismo, se observaron debilidades en la calidad de obras y acabados en las áreas del edificio administrativo, muelle nacional e internacional y edificio terminal, la cuales presentan deficiencias en los procesos constructivos, tales como cielos rasos, pisos en baldosas de porcelanato de tráfico cinco, inconsistencias constructivas en las juntas de dilatación de las mismas; también se evidenciaron deficiencias en la aplicación del concreto rígido en las rampas de acceso al Aeropuerto, además, los registros de alcantarillas y sumideros se encuentran a un nivel superior del pavimento de asfalto en el área de los parqueadero.

No se valoraron riesgos asociados

Igualmente, se detectaron inconsistencias en el análisis de antecedentes que justificaron la suscripción del otrosí No. 8, cuando no se tuvo en consideración toda la información inherente al desarrollo del proyecto, omitiendo el estudio del comportamiento del avance de las diferentes actuaciones de los periodos de intervención en curso y los incumplimientos frente al cronograma de obras vigente, y por tanto no se realizó una valoración adecuada de los riesgos asociados a la ejecución de las inversiones previstas para el proyecto, lo cual hubiera permitido la generación de una minuta de otrosí que atendiera y procurara la salvaguarda, de manera equitativa los intereses de todas las partes involucradas en el negocio.

-También se establecieron inconsistencias y errores de formulación en la aplicación del ejercicio aritmético y financiero llevado a cabo con los porcentajes de avance y pendiente por ejecutar de las actuaciones del periodo de intervención 1 que fueron desplazadas a las etapas 1, 2 y 3 del tercer periodo de intervención, conforme los presupuestos de cada una de esas actuaciones, para ser aplicado al valor de la actuación registrado en la Tabla Financiera del Apéndice 10 del contrato, con fines de calcular el efecto financiero por el desplazamiento de la inversión, (Actas de Reducción del Valor Presente del Ingreso Esperado – VPIE); la consideración anteriores están relacionadas con el cálculo del valor desplazado de las actuaciones 5.1, 5.2, 5.29 y 8.1 como está registrado en el otrosí No. 8 y el anexo No. 1 del mismo.

Los contratistas

Es de recordar que el concesionario está integrado por las siguientes sociedades:

- Valores y Contratos S.A. (Valorcon S.A.), con el 41,5% de participación. Principales: Mauricio Antonio Gerlein Echeverría, Jaime Alfredo Massard Ballestas y Roberto Rivas Ramírez. Suplentes: Margarita María Muñoz Palacio, Mario Marino Villa y Jorge Jaramillo Henao.

- Equipo Universal S.A., con el 41,5% de participación. Principales: Juan Francisco Herrera Bojanini, Gabriel Montoya De Vivero, Ana Lucía Dugand Ocampo, Jorge Martínez Aparicio de la Peña y Jorge Ramiro Navarro Reyes. Suplentes: María Victoria Herrera Bojanini, Silvana Margarita Montoya De Vivero, Juan Carlos Vilariño Amalfi, Juan Eduardo Vilariño Amalfi y Martha Inés Cepeda de Navarro.

- Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., con el 17% de participación. Principales: Samuel Roger Azout Papu, Álvaro Ramón González Serje, Regulo Antonio Diazgranados Lozano y Fernando Alberto Cepeda Sarabia. Suplentes: Alberto Azout Zafrani, Carlos Ernesto González Serje, Arnaldo del Valle Orozco y Alberto Rafael Cepeda Sarabia.

Mientras que la interventoría está a cargo del Consorcio Interaeropuertos conformado por Inzett S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), Felipe Ardila V. & Cía S.A.S. (José Felipe Ardila) y GNG Ingeniería S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), por un valor inicial de 19.171 millones 665 mil 576 pesos.

A este contrato de interventoría el 28 de diciembre de 2018 se le hizo una adición por valor de 2.524 millones 553 mil 903 pesos a precios constantes de diciembre de 2013, equivalentes a 3.163 millones 776 mil 799 pesos de noviembre de 2018.

A la deuda de la Ministra Ángela María Orozco con el aeropuerto, se suma la poca efectividad para la adecuada operación del puerto de Barranquilla y los retrasos que se produjeron para la apertura del proceso de la APP del Río Magdalena.